IMPUNIDAD, LA HERENCIA DE FOX (UN TERRIBLE SEXENIO PARA LOS PERIODISTAS MEXICANOS)

UN TEXTO DE BALBINA FLORES Y NELLY OLIVOS, PUBLICADO POR ZÓCALO

El gobierno “del cambio y de la alternancia” fue incapaz de garantizar la seguridad de muchos de los periodistas de este país, en particular de 22 de ellos, que en distintos momentos de este sexenio cayeron víctimas del narcotráfico o del crimen organizado, en su gran mayoría.

A dos meses de que concluya esta administración, ninguno de esos homicidios ha sido resuelto, a pesar de las promesas, los organismos dedicados al fomento de las libertades, e incluso de la creación –en febrero pasado-, de una Fiscalía para indagar homicidios y agravios contra este gremio.

De aquella cifra, en 17 casos, los crímenes están directamente relacionados con temas o información que los comunicadores publicaron. Mientras que en cinco homicidios, el origen fue ajeno al ejercicio periodístico. Aunque es la autoridad, la que deberá indagar los motivos.

En los 22 asesinatos registrados, las investigaciones no han tenido resultados positivos, y siguen impunes. Aunque han sido detenidos varios posibles involucrados, hasta el momento y no obstante el paso del tiempo (el primer homicidio en este sexenio se cometió el 9 de febrero de 2001), en ninguno caso se ha logrado una sentencia.

El “gobierno del cambio” no fue distinto a otros sexenios en materia de libertad de expresión, ya que en la administración de Ernesto Zedillo se cometieron 24 asesinatos, y con Carlos Salinas 46.

En el periodo que se menciona, Tamaulipas es el Estado con mayor índice de asesinatos 7; le sigue Chihuahua (3); luego Veracruz (3), mientras que en Guerrero (2). Michoacán, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Durango, registraron un caso por entidad.

No fueron pocos los llamados de periodistas para que el gobierno rectificara el rumbo. Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, recuerda en su libro En estado de alerta. Los periodistas y el gobierno frente al narcotráfico, la promesa incumplida del presidente para federalizar los delitos cometidos contra periodistas. En septiembre de 2002, comenta Blancornelas, nos dijo: “Esta es una iniciativa que mi gobierno va a considerar con el mayor interés, porque comparto con ustedes que la libertad de expresión y el derecho a la información son principios inalienables del ser humano.”

Para Blancornelas, quien fuera blanco de un atentado del cártel de los Arellano Félix, la federalización es necesaria porque “trata de disipar cualquier influencia, política o particular, que pueda haber en las investigaciones de los crímenes”.

Al respecto, la ex diputada Beatriz Mojica Morga, entonces presidente del Grupo de Trabajo para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados, confirmó en su informe final, denominado La agenda pendiente, que la federalización de los delitos contra informadores es uno de los grandes pendientes que deja este sexenio, “porque hay muchas dudas respecto a lo que corresponde al ámbito local”.

Ese Grupo de Trabajo fue creado en octubre de 2005, a partir de una iniciativa de la propia Mojica Morga para “atender todas las proposiciones que en materia de fortalecimiento de la libertad de expresión, así como las que relacionadas con las garantías del ejercicio periodístico, se presenten ante esta Soberanía” (LIX legislatura).

En entrevista, la ex diputada del PRD denunció las restricciones a las que se enfrentó este organismo: “Nos planteamos tres objetivos básicos. Uno: impulsar la legislación en torno a fortalecer la libertad de expresión. Es una iniciativa que se ha promovido en el Senado y que fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados (18/04/06), respecto al secreto profesional. Dos: la despenalización de los delitos de prensa. Tres: la federalización de los delitos; que se quedó pendiente. Las dos primeras fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, por eso yo puedo decir que el desempeño en el ámbito legislativo fue como estaba previsto. Dos de tres me parece un resultado bastante favorable, que pocas veces se logra en las comisiones.”

Fiscalía sin resultados

Ante las presiones internacionales de organismos defensores de la libertad de expresión y los derechos de periodistas, el gobierno de Vicente Fox se vio obligado a crear un organismo que indagara los crímenes contra los periodistas en México: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, bajo la dirección de David Vega. Sin embargo, la actuación de dicha Fiscalía no ha satisfecho al gremio periodístico. En primera instancia por los escasos recursos con que nació la dependencia: dos computadoras, instalaciones inconclusas dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, 31 agentes del Ministerio Público adscritos en las distintas delegaciones, un presupuesto sin precisar, e información inexacta del número de agresiones contra periodistas en los últimos años en distintas entidades del país, todos datos por confirmar.

Además de los escasos recursos de infraestructura y de personal, la Fiscalía nació con pocas atribuciones, ya que no puede indagar en casos relacionados con el narcotráfico, que es el ámbito de la Procuraduría General de la República (a la que también pertenece la Fiscalía), en especial a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

A siete meses de su creación, y a dos de que concluya el actual gobierno, el titular de la Fiscalía, David Vega Vera, recomendó la continuidad de este organismo, y aseguró respaldar “todas las iniciativas que protejan a los periodistas, por ejemplo, la despenalización”, y adelantó que en noviembre dará un informe de su labor.

Los casos

Humberto Méndez Rendón (9/02/2001), reportero del Canal 9, de Gómez Palacios Durango. Según las primeras investigaciones de las autoridades, el crimen no tuvo relación con su trabajo periodístico. Arnulfo Torres fue detenido como presunto homicida. El proceso judicial continúa abierto.

José Luis Ortega Mata (19/02/2001), director del Semanario de Ojinaga, Chihuahua. Muerto a tiros. El móvil de su ejecución se vincula a información publicada días antes sobre el tráfico de droga en la región, y a una investigación relacionada con el financiamiento de campañas políticas locales con dinero del narco. El 9 de abril de ese año fue detenido como autor del homicidio Jesús Manuel Herrera Olivas. El 13 de julio, Herrera Olivas fue puesto en libertad por falta de pruebas. Desde entonces el caso quedó archivado en la Procuraduría del Estado de Chihuahua y el semanario dejó de circular.

Saúl Antonio Martínez (24/03/2001), director adjunto del diario El Imparcial, Matamoros, Tamaulipas. Fue hallado muerto, con cuatro tiros en la cabeza. El Imparcial publicaba información sobre narcotráfico y regularmente recibía amenazas. Dionisio Flores Peña, comandante de la Policía Ministerial del ayuntamiento de San Fernando, junto con dos agentes fueron detenidos como presuntos responsables. A la fecha se desconoce el estado que guarda el proceso.

José Barbosa Bejarano (9/03/06), corresponsal de la revista Alarma, Ciudad Juárez, Chihuahua. Se desconoce el móvil del asesinato y los presuntos responsables. Fuentes periodísticas de Chihuahua señalaron que desconocen los avances en las investigaciones; como ha ocurrido en otros casos.

Félix Alonso Fernández García (17/01/2002), director del semanario Nueva Opción, Ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas. El móvil del asesinato apunta a la denuncia del periodista sobre las relaciones entre el ex alcalde, Raúl Rodríguez Barrera, y algunos narcotraficantes. En aquel momento se señalaron como autores intelectuales a Zeferino Peña Cuellar, ex subdirector de Seguridad Pública de esa localidad, y a su hermano. A la fecha nada se sabe de las investigaciones.

José Miranda Virgen (16/10/02), columnista del periódico El Sur de Veracruz y del Diario Imagen. Falleció a causa de la explosión de un taque de gas en su domicilio. Fuentes locales no descartan que los hechos tengan relación con críticas y denuncias contra autoridades locales. Colegas del periodista señalaron que se ha intentado desviar la investigación hacia motivos no ligados a su labor periodística. Falta conocer los resultados de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Rafael Villafuerte Aguilar (13/12/03), director de La Razón, Coyuca de Catalán, Guerrero. El comandante regional de la Policía Ministerial, Guadalupe Herrera Sánchez, declaró que la investigación está concluida “en 50 por ciento”, que sólo falta la orden de aprehensión del juez para cerrar el porcentaje restante, detener a los autores del asesinato. Fuentes periodísticas de la región confirmaron que los responsables ya fueron identificados mas no detenidos.

Roberto Javier Mora García (19/03/04), Director editorial del periódico El Mañana, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue muerto a puñaladas cuando llegaba a su domicilio. El 26 de enero de 2005, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas emitió la recomendación No 013/2005, dirigida a la Procuraduría del Estado, señalando lo siguiente: “Gire instrucciones para agotar las investigaciones del homicidio de Roberto Mora”. El Mañana impugnó la recomendación por considerarla insuficiente. Ello después de que en diciembre de 2005 la Comisión In Memorian presentara una queja por las irregularidades registradas en las investigaciones. Ante la presión nacional e internacional la Procuraduría de Estado detuvo a Mario Medina Vázquez e Hiram Oliveros Ortiz, consignados al juzgado Segundo de lo Penal en Nuevo Laredo. El 13 de mayo de 2004, Mario Medina fue ultimado dentro del penal, lo que imprimió mayor sospecha a las investigaciones. El segundo procesado, Hiram Oliveros, está recluido en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fuentes periodísticas en Tamaulipas señalaron que el juicio contra Hiram Oliveros se encuentra en su etapa final.

Francisco Ortiz Franco (22/06/04), editor del semanario Zeta, Baja California. La Procuraduría General de la República inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/200/2004, con fecha 05/04/2005. En su edición 1690, del 25 de agosto de 2006, el semanario Zeta informó que Arturo Villarreal Albarrán, El Nalgón, fue detenido el 14 de agosto de 2006 en Estados Unidos. Él es uno de los principales sospechosos del homicidio del editor Francisco Ortiz Franco. La detención ocurrió cuando acompañaba a Javier Arellano Félix y otras personas, también aprehendidas. La detención de Arturo Villarreal, recluido ahora en el Centro Correccional de San Diego, podría resolver el asesinato de Ortiz Franco, adelanta el Semanario y precisa: “Aún quedan por ejecutarse las órdenes de aprehensión contra Heriberto Lazcano, El Lazca; Jorge Briceño, El Cholo; y Jorge Hank Rhon, actual alcalde de Tijuana. La PGR admite que han sido detenidas tres personas implicadas indirectamente en el homicidio.

Francisco Arratia Saldierna (31/08/04), Matamoros, Tamaulipas. Columnista de El Imparcial, El Mercurio, El Cinco. El móvil de su ejecución se vincula a denuncias sobre narcotráfico. La policía detuvo al ex militar Raúl Castelán Cruz, identificado como sicario del grupo conocido como Los Zetas, brazo ejecutor del Cártel del Golfo. El 24 de septiembre de 2004 la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), inició su intervención en las investigaciones bajo el número PGR(SIEDO/UEIDCS/0273/2003 contra del inculpado Raúl Cruz Castelan, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La investigación por homicidio se encuentra en manos de la Procuraduría del Estado. Hasta la fecha, ninguna otra detención se ha hecho pública pese a que en las declaraciones el detenido implicó a otras personas.

Leodegario Aguilera Lucas (23/05/04), Acapulco, Guerrero. Director de la revista Mundo Político. La policía capturó y señaló a Alfonso Noel Vargas Baños, Alberto Cárdenas Flores y Juan Carlos Salinas. Los detenidos dijeron ante el juez haber sido torturados para adjudicarse el crimen del periodista. Continúan prófugos Juan Carlos Castillo González, Gabino Galeana Núñez y Fidel García, este último autor intelectual. El 11 de mayo de 2006, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero emitió una recomendación dirigida al Procurador de Justicia del Estado, por denegación de justicia, ejercicio indebido de la función pública e irregularidades en la averiguación previa TAB/JAR/115/. La recomendación está en proceso de cumplimiento.

Gregorio Rodríguez Hernández (28/11/04), fotógrafo del diario El Debate, Mazatlán, Sinaloa. El motivo de su ejecución se vincula a denuncias sobre narcotráfico en la localidad de Escuinapa. Información publicada en junio de 2006 en el periódico Río Doce, de Sinaloa, señala que fue detenido Abel Enríquez Zavala, como presunto responsable. El mismo diario informa (18/09/2006) que Abel Enríquez, ex director de la policía municipal de Escuinapa, Sinaloa, podría quedar en libertad en los próximos días, pues el pasado 8 de septiembre el Juzgado Décimo de Distrito le notificó el amparo contra la formal prisión, y de no impugnarse dicho amparo saldría en libertad el 29 de septiembre. De ser así, el asesinato de Gregorio Rodríguez seguirá en la impunidad, señala el diario.

En las primeras investigaciones realizadas por las autoridades estatales se identificó como autor intelectual a Fausto Ocampo, narcotraficante señalado como uno de los operadores del capo Ismael Zambada García, El Mayo Zambada.

El 10 de abril de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación No. 8/2006, dirigida a Jesús Alberto Aguilar Padilla, gobernador del Estado de Sinaloa. En la recomendación se hace referencia a la ahora libre doctora Machado, y a funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

Guadalupe García Escamilla (16/04/05), Nuevo Laredo, Tamaulipas. Conductora del programa Punto Rojo en la XHNOE de Estéreo 91. La ejecución de Guadalupe Escamilla se vincula a la información que transmitía en su programa respecto a narcotraficantes. El 5 de abril de 2005 la PGR atrajo las investigaciones. Los informes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP) señalan que “se han recabado declaraciones del personal de la radiodifusora, de testigos, y se han realizado diversos dictámenes periciales”. La FEADP analiza el caso para conocer si la ejecución de Escamilla se relaciona con su labor periodística.

Raúl Gibb Guerrero (08/04/05), Poza Rica, Veracruz. Director del periódico La Opinión. Existen dos líneas de investigación relacionadas con su labor periodística y su entorno familiar, informa la FEADP. Las investigaciones están a cargo de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPA), con la averiguación previa POZ/0600/2005. Los avances en la indagatoria, según informaciones de la FEADP, son la realización de 15 dictámenes periciales y la declaración de Martín Rojas el 26 de abril de 2006, luego de que fuera extraditado de Estados Unidos.

El 8 de junio de 2006 la columna de César Augusto Vázquez, Pasillos del Poder, del diario Tribuna, reveló los nombres de los presunto ejecutores de Gibb Guerrero, y mencionó a Vinicio Pardo Valverde, El Oso Pardo; César Cruz Ramírez, (identificado); José Rosales Cruz, El Negro, y cinco personas más, entre ellos alguien muy cercano a la familia Gibb. ¿Por qué no se les ha detenido?, preguntó el columnista.

José Brambilla Reyes (17/09/05), reporteo del periódico Vallarta Milenio, Jalisco. Después de varios días desaparecido fue localizado el cuerpo del periodista, con las manos atadas y los ojos vendados. Las investigaciones continúan abiertas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin dar con el paradero de los responsables.

Julio César Pérez Martínez (24/10/05), jefe de redacción de la revista Siglo de México, Tamaulipas. La muerte de Pérez Martínez se registró en una aparente balacera en la que iban a realizar un rescate. Las investigaciones por el homicidio se encuentran en la Procuraduría General de Justicia del Estado y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y los presuntos responsables.

Hugo Barragán Ortiz (30/10/05), periodista radiofónico de Radio Max y columnista del diario La Crónica de Tierra Blanca, Veracruz. Desde el inició se establecieron dos líneas de investigación: el robo, y motivos pasionales. Días después, la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió un comunicado en el que descartaba que el homicidio de Barragán tuviera vínculos con su trabajo periodístico. Hasta la fecha las investigaciones continúan. Fue consignado uno de los tres presuntos implicados en el asesinato, y se ha girado orden de aprehensión contra otros dos, sin que haya algún resultado satisfactorio.

Jaime Arturo Olvera Bravo (09/03/06), reportero gráfico, ex reportero de La Voz de Michoacá. Fuentes periodísticas de la zona señalaron que Olvera fue amenazado de muerte. Las investigaciones se siguen en el Ministerio Público de la Piedad, Michoacán, bajo la averiguación previa 077/06-1. Días después la FEADP realizó una diligencia en la ciudad de Morelia, con lo que logró establecer que el periodista no se encontraba en funciones. Las investigaciones de su ejecución continúan en la Procuraduría estatal de Michoacán a pesar de que organismos internacionales de protección a la libertad de prensa pidieron a la Fiscalía ejerciera la atracción del caso.

Ramiro Téllez Contreras (10/03/06), Nuevo Laredo, Tamaulipas. Conductor del noticiario Impacto en la noticia, en la EXA FM. De los hechos se inició la averiguación previa 148/2006-m1-1. Un reporte de la FEADO señala que a pesar de las investigaciones realizadas no se ha podido establecer que el atentado haya sido con motivado de su función periodística.

Fuentes consultadas en Tamaulipas confirmaron a Zócalo que Téllez Contreras se desempeñaba como coordinador del C-4, y también era conductor de un noticiario. Las investigaciones se encuentran en la Procuraduría del Estado de Tamaulipas, pero hasta el momento no se ha aclarado el móvil del homicidio ni los autores.

Rosendo Pardo Osuna (29/03/06), reportero del periódico La Voz del Sureste, Chiapas. El Foro de Periodistas Chiapanecos señaló las fuertes críticas que había lanzado al gobierno de la localidad. Las investigaciones se encuentran en la Procuraduría Estatal, sin que hasta el momento se tengan avances. continúa en la etapa de integración.

Enrique Perea Quintanilla (9/08/06), director de la revista Dos caras, una verdad, Chihuahua. Las líneas de investigación apuntan como motivos al trabajo del periodista y a su entorno laboral. En un reportaje Perea narró el intento de homicidio de un narcotraficante en la región. Otras fuentes locales revelaron que fueron personas vestidas de AFI quienes lo secuestraron. La FEADP confirmó que la Procuraduría General de la República ejerció la atracción de las investigaciones el 28 de agosto. Ello después de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA pidió a las autoridades mexicana investigar y sancionar a los responsables.

Periodistas desaparecidos en el sexenio

Un tipo de agravio que antes no se había registrado en otros sexenios es la desaparición de periodistas. En este sexenio fueron registrados tres, y en ellos hay indicios de narcotraficantes implicados y protegidos por funcionarios de gobierno y corporaciones policíacas.

Jesús Mejía Lechuga (10/07/2003), conductor del noticiero A Primera Hora y Voz y Palabra, del Grupo MS-Radio, Martínez de la Torre, Veracruz. A cuatro años de la desaparición del comunicador, la Fiscalía Especializada en Delitos en Agravio a Periodistas en Ejercicio de su Profesión, de Veracruz, confirmó a Zócalo que las investigaciones se encuentran aún en la Agencia del Ministerio Público de Martínez de la Torre, bajo la averiguación 641/2003. Rafael Jácome, oficial particular del fiscal señaló: “Se han requerido oficios de investigación pero no hay indicios de su paradero, por lo que sigue abierto el expediente y se continúa la investigación.” José Manterola, director de MS-Radio, señaló con resignación: “Después de cuatro años de la desaparición de Jesús no hay resultados y no creemos que pueda aparecer. Desde un principio, las autoridades en Veracruz trataron de desviar las investigaciones relacionándolo con un asunto personal.”

Alfredo Jiménez Mota (02/04/05), reportero del periódico El Imparcial, Hermosillo, Sonora. A 17 meses de su desaparición, quedan 10 líneas de investigación que en un principio dio a conocer la Subprocuraduría de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (SIEDO). La renuncia del subdelegado de la PGR en Sonora, Fernando Rojas Galván, probable sospechoso de la desaparición de Jiménez Mota, desató una serie de operativos conjuntos en la región, que resultaron en el embargo de ranchos en la región; la declaración de dos testigos (de oídas), las hermanas Elba y Jhoana Palma Morquecho, y en la probable culpabilidad del director Seguridad Pública del Estado. Funcionarios de la FEADP reconocen que en este caso hay muchos intereses en juego. De las investigaciones realizadas, la FEADP señala que se han obtenido indicios relacionados con la delincuencia organizada, pero estos son reservados.

Rafael Ortiz Martínez (08/07/06), de Monclova, Coahuila. Reportero del periódico Zócalo y conductor del noticiario matutino Radio Zócalo.

El padre de Ortiz Martínez presentó la denuncia ante el Ministerio Público de Monclova (Av. AC/C/057/06). Días después tomó cartas en el asunto la Subdelegación de la Procuraduría General de la República, que dio origen a la averiguación previa PGR/COAH/MON/1/128/D/2006.

La FEADP informó que está coadyuvando con las investigaciones pero no se ha logrado establecer pistas. Fuentes periodísticas de Coahuila han señalado como posible móvil al crimen organizado.